Diputados aprueban sin cambios la Ley de Revocación de Mandato

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El avance de la minuta fue posible con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Posteriormente, se avaló la legislación en lo particular con 290 votos a favor y 195 en contra.

El proyecto de decreto, que fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, tiene el objetivo de regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Se precisa que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Añade que el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Para dar pie a este proceso, se procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3 % de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3 % de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

La bancada de Morena resaltó la necesidad de ampliar los mecanismos de democracia directa a efectos de consolidar y reconocer con mayor amplitud los derechos de participación política de la gente.

El PRI se pronunció a favor de la Ley de Revocación de Mandato, pero advirtió contradicciones que podrían suponer un posible uso político de la figura. Ante ello, adelantó, presentará reservas.

El PRD acusó que, en realidad, la Ley tiene como objetivo seguir alimentando el ego del presidente de la República y continuar fomentado la ruta de polarización a la que ha condenado al país.

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