Iniciativa de reforma a Código Penal del Estado

Con el fin de tipificar como delitos la administración simulada de medicamentos, en tratamientos médicos o emergencias epidemiológicas, así como el peligro de contagio, el diputado Ricardo Villarreal Loo, impulsa una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.

La iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 126, Capítulo VIII, denominado De la Administración Simulada de Medicamentos, integrado por el artículo 152 BIS; y adicionar el Capítulo IX, denominado Peligro de Contagio, integrado por el artículo 152 TER, ambos al Título Primero de la Parte Especial; todos al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Con la iniciativa, indica el legislador Villarreal Loo, se busca fortalecer la protección de la salud pública y del derecho a la salud.

En la exposición de motivos, el legislador indica que con la iniciativa se propone estipular que comete el delito de Administración Simulada de Medicamentos, “quien simule, finja o haga creer al paciente o a terceros la administración de un medicamento, tratamiento, vacuna o insumo de aplicación terapéutica, o bien administre medicamentos falsos con conocimiento de ello”.

Este delito se sancionará de dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Los profesionales del ramo de la salud que cometan este delito, serán inhabilitados para el desempeño de su profesión por el mismo lapso de la sanción corporal impuesta, una vez cumplida ésta, o definitivamente según la gravedad del hecho.

En el caso de que esta conducta se presente durante en la implementación de medidas relacionadas a la ocurrencia de un fenómeno epidemiológico, las penas se aumentarán en un tercio. En caso de que a consecuencia de esta conducta se produzca la muerte del afectado, se aplicará lo derivado del artículo 126 de este Código.

Se propone esta proporcionalidad al considerarse las afectaciones, que sin duda pueden llegar a la disminución de funciones en la persona, producida por la conducta que interfiera con la administración de medicamentos.

Además, en el caso de que producto de esta simulación y engaño se produzca la muerte del afectado, se procederá respecto a lo aplicable por el citado Código Penal en materia de homicidio, ya que la tipificación de ese delito, en el artículo 126, incluye el impedimento del tratamiento médico como una de las hipótesis del homicidio por omisión, para lo cual se propone también adicionar un párrafo a dicho numeral.

Se incluye el apartado relacionado al Peligro de Contagio, entendido como: “Al que a sabiendas de que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por cualquier medio transmisible, siempre y cuando la víctima desconozca esta circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y sanción pecuniaria de treinta a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Esta conducta se perseguirá por querella de la víctima u ofendido

Si la enfermedad objeto del contagio fuera incurable, se impondrá prisión de seis meses a seis años, y sanción pecuniaria, de seiscientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.

Tal conducta claramente lesiona la salud de la víctima, ya que las enfermedades graves y contagiosas, pueden llegar a ser incluso mortales, o dañar de forma permanente la calidad de vida.

Villarreal Loo manifiesta que en el Código Penal de San Luis Potosí, no existe tipificación alguna que sea similar, y que tenga por objeto proteger a los pacientes que reciban tratamientos médicos, o incluso a la población en general durante una emergencia epidemiológica de gran alcance, como en la actualidad, ya que administración de vacunas se ha vuelto un acción clave para la salud pública; en este contexto, la aplicación de las vacunas cobra una importancia inédita.

En este caso, la salud pública, en su calidad de bien jurídico protegido, se ve gravemente vulnerado ante la posibilidad de realizar conductas de simulación que pueden privar a los mexicanos de recibir estas medidas emergentes de inmunización, y con ello permanecer en riesgo de contagio.

La iniciativa una vez presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, será turnada a comisiones para su análisis correspondiente.

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