Congreso del Estado SLP sigue postergando tener RFC propio

En reunión virtual, integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local aprobaron por unanimidad que los organismos autónomos, en la elaboración de sus proyectos anuales de presupuesto, tomen en cuenta los criterios de política económica emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado.

 

Lo anterior, de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Ricardo Villarreal Loo del Partido Acción Nacional (PAN) en abril de 2020, para garantizar que dichos proyectos se adecuen mejor a la realidad, cubran los objetivos de los organismos y sean cien por ciento operativos.

 

En la misma reunión se analizó la iniciativa del legislador Eugenio Govea Arcos, presentada en septiembre de 2019, para que el Congreso del Estado cuente con un Registro Federal de Causantes (RFC) propio en lugar de que maneje el del Poder Ejecutivo del Estado.

 

A pesar de que ya han transcurrido nueve meses de la presentación de la propuesta, los miembros de la Comisión decidieron postergar más el dictamen para solicitar mayor información sobre las posibles implicaciones a la SHCP y a la propia Secretaría de Finanzas del estado, ya que se mencionó que hay que analizar si el Congreso, siendo una entidad no lucrativa, puede contar con un RFC, además de que implicaría revisar temas como la antigüedad de los empleados, el manejo del fondo de ahorro y otros temas “complejos”.

 

También se postergó un dictamen para legalizar la terminación anticipada de contratos del sector público por deficiencias o incumplimiento reiterado de los proveedores de bienes y servicios, previo análisis de las contralorías municipales o del estado.

 

En un informe de actividades de la Comisión, solicitado por la Directiva del Congreso, se precisó que del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se han atendido 191 asuntos, de los cuales ya ha sido resuelto el 71 por ciento.

 

Finalmente, en Asunto Generales se abordó la negativa del Sistema DIF estatal para informar el destino de recursos que fueron re presupuestados por el Congreso para que se atendieran necesidades de las guarderías infantiles, así como la necesidad de hacer cuestionamientos presupuestales a dependencias como la Junta Estatal de Caminos (JEC), la SEDUVOP y los Servicios de Salud del Estado.


Fuente: Pulso

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